Anulación del Decreto 2/2016 de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención de las personas mayores de Castilla y León

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado nulo de pleno derecho el Decreto 2/2016 de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención de las personas mayores en esta Comunidad publicado en el BOCyL de 5 de febrero de 2016.

Una de las razones alude a una «defectuosa calidad normativa al carecer de la imprescindible memoria económica». Por otra parte se señala que determinados preceptos adolecen de indefinición frente a la pormenorizada regulación contenida en el Decreto 14/2001 -al que deroga el impugnado- sobre personal mínimo, personal técnico, número máximo de personas que podrán ser atendidas por cada profesional...etc. Todo ello pese a tener un Informe previo elaborado por el Consejo Económico y Social de Castilla y León con fecha de 15 de julio de 2015, y estar recogido en dicho informe objeciones como las aludidas para su anulación, al parecer no resueltas.

Es una mala noticia, no porque yo considere que el decreto fuera bueno, muy al contrario estoy de acuerdo en muchas de esas objeciones. Sin embargo entiendo que es un paso atrás para avanzar en un nuevo modelo de atención. Yo lo digo claramente, no me gustaría ser atendida como atendemos de forma tradicional. Yo no quiero vivir en un Centro con régimen hospitalario, donde prevalecen las cuestiones de salud como referentes para la organización, y donde mi principio de autodeterminación está condicionado desde el minuto uno. Yo quiero que el personal de atención directa sea un personal formado y que sea mi principal referente, no quiero que ese personal trabaje de forma mecánica y protocolarizada. Quiero que el resto de profesionales me atiendan en lo que precise pero proporcionándome los apoyos necesarios para poder mantener mi independencia.

El decreto se aprobó hace un año y es cierto que tendrían que haberse ya regulado puntos tan importantes como las exigencias de personal de medicina y enfermería y haber pormenorizado por ejemplo la composición y titulación específica de los equipos técnicos, entre otras cosas. Muchos centros se han quedado con cosas tan anecdóticas como que con el nuevo modelo los residentes iban a elegir a qué hora se levantaban, que ya no hacía falta tener médico ni enfermera, etc., no puedo culparles. A pesar de que la consejera de familia Alicia García, haya declarado que el decreto fue consensuado con las entidades privadas del sector y aprobado por la sección de mayores del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, lo cierto es que las entidades nunca estuvieron de acuerdo de forma individual con el decreto aunque no era políticamente correcto manifestarlo. Nunca tuvieron información profesional exhausta, ni se molestaron en obtenerla, sobre el Modelo de Atención en el que se basaba el Decreto. Muchos profesionales, familias, y por qué no decirlo algunas personas mayores están de acuerdo con que las cuestiones sanitarias prevalezcan en la atención social.

Habrá que esperar a los próximos días para aclarar la situación, no olvidemos que hay otro decreto ligado al anulado: el DECRETO 3/2016, de 4 de febrero, por el que se regula la acreditación de centros y unidades de convivencia para la atención a personas mayores en Castilla y León., que sigue en vigor.